Carmena retira el monumento a la Legión Cóndor en el Cementerio de la Almudena
Placa del cementerio de la Almudena que ha sido retirada. Cristóbal Manuel
La empresa municipal Funeraria ha ordenado el desmontaje de los últimos vestigios de la Legión Cóndor en el cementerio de La Almudena, una medida adoptada en vísperas del 80 aniversario del bombardeo de Gernika, en el que esta unidad de aviación del ejército nazi tuvo un papel fundamental, ha informado el Ayuntamiento.
El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, dará cuenta de ello en el Pleno de este miércoles. Hasta hace pocos días permanecía en pie el frontal de un mausoleo en honor de ese contingente hitleriano y de los siete pilotos enterrados en La Almudena.
Ahora se ha retirado el frontal y únicamente se han colocado pequeños indicativos con los nombres de los enterrados sobre sus sepulturas. 'Aquí descansan pilotos alemanes caídos en la lucha por una España libre. Aviadores alemanes muertos por Dios y por España ¡Presentes!', rezaba esa inscripción en castellano.
Esos textos ya no pueden leerse después del desmontaje total del frontal en el que habían sido reproducidos esos textos. La Legión Cóndor fue un contingente hitleriano con centenares de aviones que tuvo un papel crucial en la victoria de los sublevados franquistas en la Guerra Civil. Además de ser protagonista del bombardeo de Gernika tuvo un destacado papel en la batalla de Madrid.
Mauricio Valiente defenderá en el Pleno el reconocimiento y homenaje del Ayuntamiento de Madrid a las víctimas del nazismo y el impulso de acciones y actos para promover la memoria de estas víctimas. En su intervención el concejal recogerá testimonios de víctimas españolas que sufrieron los horrores de los campos de concentración y la persecución hitleriana.
La retirada responde a la voluntad de la nueva empresa municipal funeraria de eliminar vestigios totalitarios y a la expresa indicación de la Embajada de Alemania. En una carta enviada por el embajador alemán en Madrid se solicitaba expresamente a la funeraria que "antes del 25 de abril de 2017 procedan al desmontaje de las placas de hormigón". Señalaba que el mausoleo no goza de protección patrimonial y su titularidad es de la República Federal de Alemania, por lo que no existían obstáculos para la retirada. "El desmontaje deberá incluir la retirada de todo el frontal", subrayaba en la misiva el embajador, que pedía "siete placas pequeñas y sencillas que servirán para la identificación de las personas enterradas allí".
Todas esas indicaciones se han cumplido ya. La placa en honor de la Legión Cóndor fue motivo de debate en el Ayuntamiento de Madrid en 2010. Finalmente, fue el Estado alemán, a través de su embajada también en esa ocasión, el que solicitó la retirada de la inscripción. "Permaneció la placa sobre la que poco después volvió a aparecer el mismo texto serigrafiado por desconocidos. Es precisamente el deseo de evitar que esto vuelva a ocurrir lo que ha llevado a la Empresa Funeraria Municipal y la embajada a acordar el desmontaje completo del frontal cuando se cumplen 80 años del lanzamiento de 31 toneladas de bombas sobre la población civil en la masacre de Gernika", explican desde el Consistorio.
Fuente: http://ow.ly/BBA330bbtyt
Rajoy sobre la corrupción: “El que la hace la paga, como se está viendo”
Rajoy, este martes, en Montevideo. PABLO PORCIUNCULA AFP
“El que la hace la paga, como se está viendo”. Hasta ahí ha querido llegar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en sus primeras declaraciones públicas sobre la detención del expresidente madrileño Ignacio González y la cadena de escándalos que en la última semana ha puesto contra las cuerdas a su partido. Tres días después del inicio de su primera gira latinoamericana de esta legislatura, que arrancó el pasado domingo en Brasilia, Rajoy ha mantenido esta madrugada una charla informal con los periodistas en la residencia del embajador español en Montevideo (Uruguay).
Como es habitual en él, se ha mostrado escurridizo en los asuntos más espinosos y ha llegado a asegurar que desconocía la reunión del secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, con el hermano de Ignacio González cuando ya era investigado en la Operación Lezo; o el SMS remitido al propio González por el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Eso sí, frente a las protestas de la oposición, les ha dado su respaldo. “No pienso cesarlos”, ha dicho.
Preguntado por la conversación que mantuvo con la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre después de que anunciara su dimisión –esta le remitió un SMS antes de comparecer ante la prensa, pero Rajoy se encontraba reunido en ese momento con el presidente brasileño, Michel Temer—la ha calificado de “privada, lógica y propia de la situación”. “Respeto mucho su decisión”, se ha limitado a añadir, ante la insistencia de los informadores.
Ha reiterado hará “lo que digan los tribunales” respecto a la forma en que declarará como testigo en el juicio por el caso Gürtel y también se ha remitido a la decisión que adopte el Parlamento sobre su comparecencia ante la comisión de investigación que ha puesto en marcha el Congreso sobre la financiación ilegal del PP. Rajoy ha calificado de “grave error” generalizar las sospechas de corrupción al conjunto de la clase política y se ha mostrado convencido de que los últimos escándalos no afectarán a la estabilidad del Gobierno.
Aunque la corrupción está causando un evidente daño a la imagen del Gobierno, Rajoy no quiere apartarse de su guion e insiste en que lo que más preocupa a los ciudadanos es la recuperación económica, de la que ha presumido durante sus intervenciones públicas en Brasil y Uruguay. “No me voy a distraer de lo más importante; es decir, la economía. Lo que tengo que hacer es hacer las cosas bien y mirar al futuro. Y lo demás, [me remito a] lo que digan los tribunales, y no me voy a salir de ahí, porque haría como presidente del Gobierno un flaco favor a la división de poderes”, ha declarado.
El presidente se ha mostrado “optimista realista” respecto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que la semana próxima afrontan su primera prueba de fuego en el Congreso, pero no ha dado por sentado el apoyo del PNV, como hizo hace unos días. “Estamos negociando, espero que haya sentido común, pero hasta el final no se va a saber”, ha admitido.
Rajoy ha sugerido que considera más importantes para la estabilidad del Gobierno los presupuestos para 2018, que se debatirán en otoño, que los de este año, ya que tiene aprobado el techo de gasto, pero aun así ha admitido la importancia de que estos salgan adelante ya que, al ser los primeros de la legislatura, un revés afectaría a su credibilidad.
Fuente: http://ow.ly/RJZd30bbfks
Madrid indemnizó a Merca Ocio con 1,6 millones por una venta fallida
El edificio en la calle de Montera 25-27 de Madrid. Jaime Villanueva
La empresa municipal Madrid, Espacios y Congresos (Madridec), ya disuelta, indemnizó en 2011 con 1,6 millones a la firma ABC Ciudad de Salamanca, sociedad mancomunada con Merca Ocio Hoteles 22 S.L., después de que fracasara la venta a la primera de un edificio municipal de la calle de la Montera. Según se desprende de un informe de la Cámara de Cuentas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la fallida operación implicó, además, una pérdida neta de 17,3 millones para el Ayuntamiento. Otra adjudicación de terrenos municipales a Merca Ocio en esos mismos años está siendo investigada por la Fiscalía.
Madridec, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, adquirió en 2007 por 55,4 millones un edificio en la calle de Montera 25-27. Un año después, la empresa firmó con la sociedad ABC Ciudad de Salamanca 2002 S. L. un protocolo de intenciones para la venta de ese inmueble por 60 millones. ABC Ciudad de Salamanca, entidad privada mancomunada con Merca Ocio, pretendía convertirlo en un hotel de lujo.
Sin embargo, la venta del edificio nunca se llevó a cabo. El anteproyecto del informe efectuado por la Cámara de Cuentas —no es definitivo y el Ayuntamiento puede presentar aún alegaciones— no explica las razones. Pero sí que Madridec tuvo que buscar otro comprador y lo encontró en la sociedad Exacorp One, que firmó finalmente la adquisición por solo 34 millones. Esta cesión significó para la empresa pública una pérdida neta de 17 millones, incluyendo las amortizaciones. Además, Madridec tuvo que abonar otros 1,6 millones a ABC Ciudad de Salamanca para cubrir unos gastos acordados unos pocos meses antes de la fallida venta. Este dinero, según el informe de la Cámara de Cuentas, se desglosaba, entre otras partidas, así: 800.000 euros para la redacción del proyecto del futuro hotel y 550.000 euros para "gastos diversos" (por un total de 1,6 millones con el IVA).
Los auditores oficiales admiten en su informe que no han podido analizar el expediente de la venta, puesto que nunca les fue entregado; además, señalan que no existe ninguna explicación para estos pagos: el vendedor le paga al comprador. La Cámara puede elevar, si considera graves estos hechos, el anteproyecto al Tribunal de Cuentas, que posee facultades para denunciar posibles irregularidades ante los jueces y la Fiscalía.
Una pérdida neta de 17 millones de euros
Compra de Madridec. La empresa municipal Madridec adquirió en marzo de 2007 el inmueble de la calle de Montera por 58,7 millones.
Preacuerdo con Merca Ocio. En octubre de 2008, Madridec firmó con ABC Ciudad de Salamanca, entidad privada mancomunada con Merca Ocio, un acuerdo de venta del edificio por 60 millones.
Cesión a Exacorp One. La venta no se llevó a cabo y Madridec decidió ceder el inmueble a Exacorp One por 34 millones. La operación implicó una pérdida neta para la empresa pública de 17,3 millones (incluyendo las amortizaciones).
Gasto añadido. Madridec asumió además el pago de otros 1,6 millones a Merca Ocio por unos gastos en la redacción del proyecto que la Cámara de Cuentas no ha podido analizar.
ABC Ciudad de Salamanca es una sociedad que comparte administrador con Merca Ocio, la empresa que ya está bajo la lupa de la Fiscalía Provincial por una adquisición de terrenos en 2002 en Mercamadrid, otra sociedad dependiente del Ayuntamiento.
Según la investigación, Mercamadrid llevó a cabo una peculiar operación en la que los gestores del mercado central de mayoristas cedieron unos terrenos municipales a Merca Ocio y, en lugar de cobrarles por ello, acordaron pagarles un alquiler de 41.500 euros mensuales hasta 2032.
El equipo de gobierno de Carmena, que elaboró tras llegar al poder en la capital un informe sobre las operaciones de Madridec, y que luego lo entregó a la Fiscalía, se mostró ayer "satisfecho" por la investigación judicial. Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía, sostuvo que para Concepción Dancausa —en aquellos años miembro del consejo de administración de Mercamadrid, y ahora delegada del Gobierno— "ha llegado el momento de dimitir".
"A disposición del juez"
Los socialistas exigieron ayer su destitución, mientras que Ciudadanos se mantuvo en una oposición más garantista, afirmando que pedirá su dimisión solo si resulta imputada. La delegada del Gobierno replicó que no estaba "encausada por fraude" y que estaba a "total disposición" de la justicia. La Fiscalía había presentado ayer una denuncia contra los integrantes del consejo de administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos Dancausa y el hermano de Ignacio González, Pablo, por un presunto delito societario.
ABC Ciudad de Salamanca es una sociedad limitada con sede en Madrid. Este periódico no logró ponerse en contacto con esta sociedad fundada en 1999 y que se dedica a la construcción, promoción y comercialización de bienes inmuebles. Merca Ocio es una firma de propiedad de José Domingo Rodríguez Losada, constructor, entre otras cosas, del polémico hotel Algarrobico, en Almería.
Causapié: "Mercamadrid es otro saqueo a los madrileños"
La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid hizo ayer referencia a la denuncia de la Fiscalía Provincial por un supuesto delito societario contra las arcas de Mercamadrid en la adjudicación de unos terrenos a Merca Ocio en 2002. "Mercamadrid es un nuevo caso de saqueo a los madrileños. Otra muestra de cómo el PP ha gobernado las instituciones públicas y las empresas públicas siempre a favor de los intereses particulares", sostuvo la socialista. El PSOE prevé impulsar la apertura de una comisión municipal que analice la cesión de varias parcelas de terreno y la compra fallida del edificio de la calle de la Montera a Merca Ocio.
Esta comisión se sumaría a la investigación del Consistorio sobre la gestión de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento durante los años de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). "Es imprescindible seguir investigando los motivos que llevaron a responsables políticos de Mercamadrid a hacer un acuerdo tan lesivo para los intereses de los madrileños", declaró Causapié.
La portavoz del PSOE exige al PP que colabore para aclarar los hechos. "Fue el PP quien impidió la comisión de investigación municipal sobre Mercamadrid y su relación con Merca Ocio, alegando que se trataba de una causa general contra el PP. Espero que nunca vuelvan a decir algo así", advirtió la socialista.
Fuente: http://ow.ly/5qiH30bbf66
Carmena permite otro macrobotellón en Malasaña
El macrobotellón de ayer en la plaza del Dos de Mayo - ABC
Ha vuelto a ocurrir. La plaza del Dos de Mayo, epicentro del barrio de Malasaña, se convirtió ayer durante horas en una bacanal de alcohol, con la vista gorda del concejal del distrito de Centro, Jorge García Castaño.
El enclave fue utilizado por cientos de personas para realizar un macrobotellón, en el que, según denunciaron los vecinos a ABC, no movió un dedo la Policía Municipal. Este hecho lo confirmó el diputado autonómico socialista y residente del barrio Diego Cruz.
El lugar y las calles adyacentes quedaron llenas de botellas y un reguero de bebida y orines, pese a que una ley autonómica lo prohíbe con sanciones de hasta 600 euros.
Es conocido el interés del Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) por conmutar las multas económicas por trabajos comunitarios, so pretexto de que el castigo económico, dicen en el Ayuntamiento, no está acabando con el consumo de alcohol en la calle.
Esta «nueva política» de la marca municipal de Podemos sobre este asunto se refleja en la caída en picado de las sanciones administrativas (que debe interponer la Policía Municipal), que, además, cada vez se abonan menos.
EL macrobotellón de ayer se producía coincidiendo con la celebración del evento de arte callejero «¡Pinta Malasaña!», tal y como ocurrió el año pasado y que levantó ampollas entre los vecinos y paseantes del barrio, por el estado en que quedó tras la ingesta colectiva de alcohol.
Fuente: http://ow.ly/zF3r30b6Jbv
Carmena quiere que Rajoy pague una factura a Madrid por sus gastos como capital
Manuela Carmena saluda a Mariano Rajoy, en una imagen de archivo - EFE
En 2006, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), acordaron una norma que, en apariencia, recogía las históricas demandas políticas de Madrid como capital de España. La llamaron Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. En ella se hablaba de protocolo, régimen jurídico, reconocimientos, coordinación, comisiones de trabajo, competencias, pero ni una palabra de dinero. La crisis económica ya había asomado por primera vez sus garras y Zapatero y Ruiz-Gallardón prefirieron no mentar la bicha.
Hoy, once años después, la actual regidora, Manuela Carmena, quiere desempolvar aquella norma que fue aprobada primero en Consejo de Ministros y luego por las Cortes, y colocarle algunas cifras. Según ha sabido ABC, el Ayuntamiento de Ahora Madrid y el PSOE, que le apoya en el Consistorio, tienen intención de echar unas cuentas, que alcanzarían nueve cifras, para que el Gobierno se haga cargo de «los costes de capitalidad que sirvan para compensar a Madrid». El canon que se maneja se acercaría a los 500 millones, tal y como se calculó cuando se aprobó la citada ley pero nunca se plasmó en el texto por falta de voluntad política.
Los intentos de los Gobiernos de la ciudad para que el Estado asumiera la «factura» que le supone a Madrid prestar servicios en su condición de capital vienen de lejos. De la Ley de Capitalidad, un asunto recurrente desde la Transición y las primeras elecciones democráticas, hablaron Enrique Tierno, Juan Barranco, Rodríguez Sahagún y, por supuesto, Álvarez del Manzano, el antecesor de Gallardón. Pero los distintos inquilinos de La Moncloa nunca entendieron la necesidad de esa contraprestación teniendo en cuenta los beneficios económicos que también lleva aparejado ser la primera ciudad de España, fundamentalmente en materia económica y de demanda interior y exterior para el turismo.
Además, el reforzamiento institucional y político de la Comunidad autónoma tampoco ayudó a tomar una decisión que, de alguna forma, restaría lustre competencial a la región de Madrid, ya desde hace años uno de los principales motores económicos de España.
Lucro cesante
Solo el segundo presidente socialista optó por una fórmula intermedia, que atendía a la propia Constitución, que reconoce en su artículo 5 la especificidad de la Villa de Madrid y que fue aceptada por el equipo de Gallardón. Pero, para los actuales gestores de la ciudad, desde el punto de vista de la financiación aquella norma solo fue papel mojado.
Madrid tuvo que dejar para mejor momento la anhelada contraprestación del Estado por los gastos con que corre y el lucro cesante que le supone su condición institucional. Para el anterior Gobierno municipal, ese dinero que deja de ingresar la capital corresponde, entre otras, a las labores que desarrolla la Policía Municipal en materia de escolta y vigilancia, cuando jefes de Estado visitan Madrid u otros acontecimientos internacionales, como congresos o reuniones multilaterales, que obligan a la ciudad a convertirse en anfitriona estatal. Sin olvidar las manifestaciones que recorren sus calles como consecuencia de su naturaleza de escaparate nacional e internacional. También se manejan las exenciones en el IBI de que disfrutan los edificios oficiales y del impuesto de circulación de los vehículos de autoridades, incluidos los diplomáticos.
La norma de 2006 solo contemplaba la coordinación en la organización y celebración de actos oficiales de carácter estatal, así como la protección de personas y bienes como consecuencia del ejercicio por los ciudadanos del derecho de reunión y manifestación cuando el ámbito de la convocatoria presentase dimensión estatal. Pero no incluía ningún capítulo financiero para dotar de más ingresos a la capital. Esa norma, que consta de 55 artículos, solo consiguió saltar a los titulares de los periódicos porque por primera vez regulaba las competencias del Pleno municipal, del alcalde y la Junta de Gobierno, determinando las atribuciones de estos órganos, y posibilitando al regidor el nombramiento de un presidente del Pleno, facultad que utilizó Gallardón para distinguir el papel del Ejecutivo del «parlamentario»; pero no así Carmena, que asume directamente esa función como en su momento hicieron el resto de sus antecesores.
Madrid, D. F.
Hoy, más de una década después, los partidos de izquierda del Palacio de Cibeles no están satisfechos con la norma. El PSOE cree que «tiene limitaciones que le han impedido cumplir sus fines», además de no haberse articulado sobre la comisión que preveía entre las tres Administraciones.
Lo cierto es que tanto populistas como socialistas están hablando no solo de blindar las competencias a través de una carta municipal; sino también de constituir una red de consorcios para la prestación de servicios junto a otros municipios de su ámbito, conformando así una suerte de área metropolitana, al estilo de Barcelona y de algunas urbes americanas, como México y Washington D. C. La idea sería situar a Madrid a medio camino entre una Comunidad autónoma y un Ayuntamiento al uso, dotándole de interlocución directa con el Estado y con los Gobiernos regionales.
Esa propuesta socialista se complementaría con el propósito de Ahora Madrid de mejorar la financiación y derogar los límites a sus competencias, que fija la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, precisamente una de las normas por las que ha chocado Carmena con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta del incumplimiento del techo de gasto en 233 millones de euros. Finalmente, el Ayuntamiento optó por congelar ese montante ante la amenaza del Gobierno de aplicar penalizaciones si hacía uso de un dinero que superaba el límite legal de desembolso de las Administraciones públicas.
Por el momento, ni PP ni Ciudadanos parecen convencidos de mover la ficha de la capitalidad frente al Estado, pero desde los grupos de izquierda no se va a tirar la toalla.
Fuente: http://ow.ly/FT1W30b6IYA