Madrid indemnizó a Merca Ocio con 1,6 millones por una venta fallida

Miércoles 26 de Abril del 2017

El edificio en la calle de Montera 25-27 de Madrid.

El edificio en la calle de Montera 25-27 de Madrid. Jaime Villanueva

La empresa municipal Madrid, Espacios y Congresos (Madridec), ya disuelta, indemnizó en 2011 con 1,6 millones a la firma ABC Ciudad de Salamanca, sociedad mancomunada con Merca Ocio Hoteles 22 S.L., después de que fracasara la venta a la primera de un edificio municipal de la calle de la Montera. Según se desprende de un informe de la Cámara de Cuentas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la fallida operación implicó, además, una pérdida neta de 17,3 millones para el Ayuntamiento. Otra adjudicación de terrenos municipales a Merca Ocio en esos mismos años está siendo investigada por la Fiscalía.

Madridec, propiedad del Ayuntamiento de Madrid, adquirió en 2007 por 55,4 millones un edificio en la calle de Montera 25-27. Un año después, la empresa firmó con la sociedad ABC Ciudad de Salamanca 2002 S. L. un protocolo de intenciones para la venta de ese inmueble por 60 millones. ABC Ciudad de Salamanca, entidad privada mancomunada con Merca Ocio, pretendía convertirlo en un hotel de lujo.

Sin embargo, la venta del edificio nunca se llevó a cabo. El anteproyecto del informe efectuado por la Cámara de Cuentas —no es definitivo y el Ayuntamiento puede presentar aún alegaciones— no explica las razones. Pero sí que Madridec tuvo que buscar otro comprador y lo encontró en la sociedad Exacorp One, que firmó finalmente la adquisición por solo 34 millones. Esta cesión significó para la empresa pública una pérdida neta de 17 millones, incluyendo las amortizaciones. Además, Madridec tuvo que abonar otros 1,6 millones a ABC Ciudad de Salamanca para cubrir unos gastos acordados unos pocos meses antes de la fallida venta. Este dinero, según el informe de la Cámara de Cuentas, se desglosaba, entre otras partidas, así: 800.000 euros para la redacción del proyecto del futuro hotel y 550.000 euros para "gastos diversos" (por un total de 1,6 millones con el IVA).

Los auditores oficiales admiten en su informe que no han podido analizar el expediente de la venta, puesto que nunca les fue entregado; además, señalan que no existe ninguna explicación para estos pagos: el vendedor le paga al comprador. La Cámara puede elevar, si considera graves estos hechos, el anteproyecto al Tribunal de Cuentas, que posee facultades para denunciar posibles irregularidades ante los jueces y la Fiscalía.

Una pérdida neta de 17 millones de euros

Compra de Madridec. La empresa municipal Madridec adquirió en marzo de 2007 el inmueble de la calle de Montera por 58,7 millones.

Preacuerdo con Merca Ocio. En octubre de 2008, Madridec firmó con ABC Ciudad de Salamanca, entidad privada mancomunada con Merca Ocio, un acuerdo de venta del edificio por 60 millones.

Cesión a Exacorp One. La venta no se llevó a cabo y Madridec decidió ceder el inmueble a Exacorp One por 34 millones. La operación implicó una pérdida neta para la empresa pública de 17,3 millones (incluyendo las amortizaciones).

Gasto añadido. Madridec asumió además el pago de otros 1,6 millones a Merca Ocio por unos gastos en la redacción del proyecto que la Cámara de Cuentas no ha podido analizar.

ABC Ciudad de Salamanca es una sociedad que comparte administrador con Merca Ocio, la empresa que ya está bajo la lupa de la Fiscalía Provincial por una adquisición de terrenos en 2002 en Mercamadrid, otra sociedad dependiente del Ayuntamiento.

Según la investigación, Mercamadrid llevó a cabo una peculiar operación en la que los gestores del mercado central de mayoristas cedieron unos terrenos municipales a Merca Ocio y, en lugar de cobrarles por ello, acordaron pagarles un alquiler de 41.500 euros mensuales hasta 2032.

El equipo de gobierno de Carmena, que elaboró tras llegar al poder en la capital un informe sobre las operaciones de Madridec, y que luego lo entregó a la Fiscalía, se mostró ayer "satisfecho" por la investigación judicial. Carlos Sánchez Mato, concejal de Economía, sostuvo que para Concepción Dancausa —en aquellos años miembro del consejo de administración de Mercamadrid, y ahora delegada del Gobierno— "ha llegado el momento de dimitir".

"A disposición del juez"

Los socialistas exigieron ayer su destitución, mientras que Ciudadanos se mantuvo en una oposición más garantista, afirmando que pedirá su dimisión solo si resulta imputada. La delegada del Gobierno replicó que no estaba "encausada por fraude" y que estaba a "total disposición" de la justicia. La Fiscalía había presentado ayer una denuncia contra los integrantes del consejo de administración de Mercamadrid en 2013, entre ellos Dancausa y el hermano de Ignacio González, Pablo, por un presunto delito societario.

ABC Ciudad de Salamanca es una sociedad limitada con sede en Madrid. Este periódico no logró ponerse en contacto con esta sociedad fundada en 1999 y que se dedica a la construcción, promoción y comercialización de bienes inmuebles. Merca Ocio es una firma de propiedad de José Domingo Rodríguez Losada, constructor, entre otras cosas, del polémico hotel Algarrobico, en Almería.

Causapié: "Mercamadrid es otro saqueo a los madrileños"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid hizo ayer referencia a la denuncia de la Fiscalía Provincial por un supuesto delito societario contra las arcas de Mercamadrid en la adjudicación de unos terrenos a Merca Ocio en 2002. "Mercamadrid es un nuevo caso de saqueo a los madrileños. Otra muestra de cómo el PP ha gobernado las instituciones públicas y las empresas públicas siempre a favor de los intereses particulares", sostuvo la socialista. El PSOE prevé impulsar la apertura de una comisión municipal que analice la cesión de varias parcelas de terreno y la compra fallida del edificio de la calle de la Montera a Merca Ocio.

Esta comisión se sumaría a la investigación del Consistorio sobre la gestión de la empresa Madrid Calle 30 y su incidencia sobre las cuentas del Ayuntamiento durante los años de gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón (PP). "Es imprescindible seguir investigando los motivos que llevaron a responsables políticos de Mercamadrid a hacer un acuerdo tan lesivo para los intereses de los madrileños", declaró Causapié.

La portavoz del PSOE exige al PP que colabore para aclarar los hechos. "Fue el PP quien impidió la comisión de investigación municipal sobre Mercamadrid y su relación con Merca Ocio, alegando que se trataba de una causa general contra el PP. Espero que nunca vuelvan a decir algo así", advirtió la socialista.

Fuente: http://ow.ly/5qiH30bbf66

Carmena permite otro macrobotellón en Malasaña

Lunes 24 de Abril del 2017

El macrobotellón de ayer en la plaza del Dos de Mayo

El macrobotellón de ayer en la plaza del Dos de Mayo - ABC

Ahora Madrid: 
Carmena permite otro macrobotellón en Malasaña

Ahora Madrid: 
Carmena permite otro macrobotellón en Malasaña

Ahora Madrid: 
Carmena permite otro macrobotellón en Malasaña

Ha vuelto a ocurrir. La plaza del Dos de Mayo, epicentro del barrio de Malasaña, se convirtió ayer durante horas en una bacanal de alcohol, con la vista gorda del concejal del distrito de Centro, Jorge García Castaño.

El enclave fue utilizado por cientos de personas para realizar un macrobotellón, en el que, según denunciaron los vecinos a ABC, no movió un dedo la Policía Municipal. Este hecho lo confirmó el diputado autonómico socialista y residente del barrio Diego Cruz.

El lugar y las calles adyacentes quedaron llenas de botellas y un reguero de bebida y orines, pese a que una ley autonómica lo prohíbe con sanciones de hasta 600 euros.

Es conocido el interés del Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) por conmutar las multas económicas por trabajos comunitarios, so pretexto de que el castigo económico, dicen en el Ayuntamiento, no está acabando con el consumo de alcohol en la calle.

Esta «nueva política» de la marca municipal de Podemos sobre este asunto se refleja en la caída en picado de las sanciones administrativas (que debe interponer la Policía Municipal), que, además, cada vez se abonan menos.

EL macrobotellón de ayer se producía coincidiendo con la celebración del evento de arte callejero «¡Pinta Malasaña!», tal y como ocurrió el año pasado y que levantó ampollas entre los vecinos y paseantes del barrio, por el estado en que quedó tras la ingesta colectiva de alcohol.

Fuente:  http://ow.ly/zF3r30b6Jbv

Carmena quiere que Rajoy pague una factura a Madrid por sus gastos como capital

Lunes 24 de Abril del 2017

Manuela Carmena saluda a Mariano Rajoy, en una imagen de archivo

Manuela Carmena saluda a Mariano Rajoy, en una imagen de archivo - EFE

En 2006, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), acordaron una norma que, en apariencia, recogía las históricas demandas políticas de Madrid como capital de España. La llamaron Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid. En ella se hablaba de protocolo, régimen jurídico, reconocimientos, coordinación, comisiones de trabajo, competencias, pero ni una palabra de dinero. La crisis económica ya había asomado por primera vez sus garras y Zapatero y Ruiz-Gallardón prefirieron no mentar la bicha.

Hoy, once años después, la actual regidora, Manuela Carmena, quiere desempolvar aquella norma que fue aprobada primero en Consejo de Ministros y luego por las Cortes, y colocarle algunas cifras. Según ha sabido ABC, el Ayuntamiento de Ahora Madrid y el PSOE, que le apoya en el Consistorio, tienen intención de echar unas cuentas, que alcanzarían nueve cifras, para que el Gobierno se haga cargo de «los costes de capitalidad que sirvan para compensar a Madrid». El canon que se maneja se acercaría a los 500 millones, tal y como se calculó cuando se aprobó la citada ley pero nunca se plasmó en el texto por falta de voluntad política.

Los intentos de los Gobiernos de la ciudad para que el Estado asumiera la «factura» que le supone a Madrid prestar servicios en su condición de capital vienen de lejos. De la Ley de Capitalidad, un asunto recurrente desde la Transición y las primeras elecciones democráticas, hablaron Enrique Tierno, Juan Barranco, Rodríguez Sahagún y, por supuesto, Álvarez del Manzano, el antecesor de Gallardón. Pero los distintos inquilinos de La Moncloa nunca entendieron la necesidad de esa contraprestación teniendo en cuenta los beneficios económicos que también lleva aparejado ser la primera ciudad de España, fundamentalmente en materia económica y de demanda interior y exterior para el turismo.

Además, el reforzamiento institucional y político de la Comunidad autónoma tampoco ayudó a tomar una decisión que, de alguna forma, restaría lustre competencial a la región de Madrid, ya desde hace años uno de los principales motores económicos de España.

Lucro cesante

Solo el segundo presidente socialista optó por una fórmula intermedia, que atendía a la propia Constitución, que reconoce en su artículo 5 la especificidad de la Villa de Madrid y que fue aceptada por el equipo de Gallardón. Pero, para los actuales gestores de la ciudad, desde el punto de vista de la financiación aquella norma solo fue papel mojado.

Madrid tuvo que dejar para mejor momento la anhelada contraprestación del Estado por los gastos con que corre y el lucro cesante que le supone su condición institucional. Para el anterior Gobierno municipal, ese dinero que deja de ingresar la capital corresponde, entre otras, a las labores que desarrolla la Policía Municipal en materia de escolta y vigilancia, cuando jefes de Estado visitan Madrid u otros acontecimientos internacionales, como congresos o reuniones multilaterales, que obligan a la ciudad a convertirse en anfitriona estatal. Sin olvidar las manifestaciones que recorren sus calles como consecuencia de su naturaleza de escaparate nacional e internacional. También se manejan las exenciones en el IBI de que disfrutan los edificios oficiales y del impuesto de circulación de los vehículos de autoridades, incluidos los diplomáticos.

La norma de 2006 solo contemplaba la coordinación en la organización y celebración de actos oficiales de carácter estatal, así como la protección de personas y bienes como consecuencia del ejercicio por los ciudadanos del derecho de reunión y manifestación cuando el ámbito de la convocatoria presentase dimensión estatal. Pero no incluía ningún capítulo financiero para dotar de más ingresos a la capital. Esa norma, que consta de 55 artículos, solo consiguió saltar a los titulares de los periódicos porque por primera vez regulaba las competencias del Pleno municipal, del alcalde y la Junta de Gobierno, determinando las atribuciones de estos órganos, y posibilitando al regidor el nombramiento de un presidente del Pleno, facultad que utilizó Gallardón para distinguir el papel del Ejecutivo del «parlamentario»; pero no así Carmena, que asume directamente esa función como en su momento hicieron el resto de sus antecesores.

Madrid, D. F.

Hoy, más de una década después, los partidos de izquierda del Palacio de Cibeles no están satisfechos con la norma. El PSOE cree que «tiene limitaciones que le han impedido cumplir sus fines», además de no haberse articulado sobre la comisión que preveía entre las tres Administraciones.

Lo cierto es que tanto populistas como socialistas están hablando no solo de blindar las competencias a través de una carta municipal; sino también de constituir una red de consorcios para la prestación de servicios junto a otros municipios de su ámbito, conformando así una suerte de área metropolitana, al estilo de Barcelona y de algunas urbes americanas, como México y Washington D. C. La idea sería situar a Madrid a medio camino entre una Comunidad autónoma y un Ayuntamiento al uso, dotándole de interlocución directa con el Estado y con los Gobiernos regionales.

Esa propuesta socialista se complementaría con el propósito de Ahora Madrid de mejorar la financiación y derogar los límites a sus competencias, que fija la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, precisamente una de las normas por las que ha chocado Carmena con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta del incumplimiento del techo de gasto en 233 millones de euros. Finalmente, el Ayuntamiento optó por congelar ese montante ante la amenaza del Gobierno de aplicar penalizaciones si hacía uso de un dinero que superaba el límite legal de desembolso de las Administraciones públicas.

Por el momento, ni PP ni Ciudadanos parecen convencidos de mover la ficha de la capitalidad frente al Estado, pero desde los grupos de izquierda no se va a tirar la toalla.

Fuente: http://ow.ly/FT1W30b6IYA

Así vivió el Gobierno y el PP la 'Operación Lezo'

Lunes 24 de Abril del 2017

La presidenta actuó sin un aval expreso del PP, aunque pudo informar a la cúpula

El Gobierno quiere que se apague cuanto antes el incendio con Casals

Cristina Cifuentesasumió la denuncia ante la Fiscalía por la corrupción en el Canal de Isabel II sin contar con una autorización expresa de la dirección nacional del PP. Como presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco disponía de mucho margen, pero la realidad es que -pese a toda la información que el partido ya conocía sobre Ignacio González-, la que aportó su equipo ha acabado con su antecesor en prisión preventiva tras una operación judicial.

La victoria de Cifuentes en las elecciones de 2015 le permitió hacerse con el control de la mayor empresa pública de la Comunidad y comenzar la limpieza en un entramado empresarial sobre el que ya había fundadas sospechas. En julio de 2016 se presentó una denuncia ante la Fiscalía, que se hizo pública. Distintas fuentes explican que no buscó el aval del partido porque «era una acción de Gobierno y no había por qué dar razón». Sí se admite que pudieron existir conversaciones con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, e incluso con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero no para obtener ningún permiso.

Aún así, la detención de González el miércoles pasado dejó a la dirección nacional casi sin respiración. Las fuentes consultadas ratifican que la presidenta madrileña «no dijo nada» en Génova de manera oficial y señalan que ni ella misma era consciente del alcance que todo esto podía tener. En todo caso, precisan, «no se puede intentar tapar algo así». Aunque, añaden: «Nadie midió la magnitud de la hecatombe».

Hasta ahora el PP siempre había preferido mirar de soslayo. En su haber Rajoy sí tiene no dejar a González ser candidato en 2015. Pero, como ha publicado este diario, Génova tuvo conocimiento a través de varias vías de sus corruptelas y hasta ese momento nunca actuó. El ex tesorero Álvaro Lapuerta llegó a confeccionar un dossier sobre él, cuando era vicepresidente. Según ha reconocido la propia Esperanza Aguirre, Rajoy la llamó en 2008 para transmitirle que tenía información sobre las irregularidades de sus dos hombres de confianza: González y Francisco Granados (ambos ahora en la cárcel). Según la versión de Aguirre, los dos fueron a Génova y se entrevistaron con Rajoy y con Lapuerta. «Se demostró que todo ello era falso y calumnioso» y el asunto se cerró. «El presidente del partido no le dio demasiada importancia», defendió.

Ahora es frecuente escuchar a dirigentes del PP decir que «todo el mundo lo sabía». No obstante, el capítulo de González puede esconder consecuencias desastrosas. La financiación ilegal del PP de Madrid, como la de Valencia, forma parte de un monstruo de varias cabezas.

En medio de esta ciénaga que ahoga al PP madrileño, y por extensión, al resto de la organización, Cifuentes ha conseguido levantar la cabeza. Fuentes populares aseguran que fue «muy valiente» al presentar la denuncia. «Sale muy reforzada», señalan dirigentes del PP. «Ha sido muy coherente», porque su discurso regenerador se ha visto refrendado por los hechos. Otras fuentes apuntan a que «tenía que demostrar que era diferente» porque «la gente está harta de mamoneos».

Pero su actuación ha tenido un daño colateral -la imputación por presuntas coacciones del presidente y del director de La Razón, Mauricio Casals y Francisco Marhuenda- que ha generado una profunda inquietud en el Gobierno. Este diario no ha podido acreditar que nadie en el Ejecutivo intercediera en favor de Casals, pese a las «presiones brutales» que, según fuentes del PP, Cifuentes recibió de él para que no denunciara. La corrupción afectaba no sólo a González sino a su hombre de confianza: el presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero delegado de La Razón. En el PP es conocida la amistad de Casals con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. «Hablan todos los días», señalan, aunque fuentes del partido apuntan a que nadie «se atrevería a tapar algo así».

Destacados dirigentes del PP sí reconocen que la presión ejercida por Casals a Cifuentes es una práctica habitual del empresario: «No conozco a ningún político al que no haya amenazado con una campaña», asegura un veterano. Aunque actuó como mediador de Rajoy ante Luis Bárcenas, fuentes populares sostienen que ahora el presidente «está hasta el gorro de él».

Aún así «el Gobierno quiere apagar este incendio cuanto antes». La realidad es que tanto Cifuentes como su jefa de gabinete, Marisa González, han quitado hierro al asunto de las posibles coacciones en sus declaraciones. Esta actuación ha provocado un enorme malestar al juez y a los fiscales, según sostienen diversas fuentes. Sin esta 'ayuda' la situación judicial de Casals y Marhuenda habría sido muy complicada.

La lectura que se hace en el partido es que hayan podido recibir alguna instrucción del Ejecutivo o que simplemente hayan optado por protegerse ante posibles represalias.

Moncloa revisó el polémico comunicado

El desplazamiento del PP a una esquina del cuadrilátero político tras el impacto de la citación del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para declarar como testigo en el 'caso Gürtel', y la detención de Ignacio González, ha sido visible a lo largo de toda la semana con el debate público y privado suscitado en torno al duro comunicado enviado por Génova el martes pasado, después de conocerse que el tribunal admitía la petición de declaración de Rajoy. Esa declaración contenía críticas implícitas a los jueces y la conclusión de que su decisión suponía un «abuso de derecho». El comunicado, que fue objeto de controversia dentro del PP por considerarse «excesivo», fue supervisado por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Después de su difusión, Moncloa no ha ocultado su discrepancia por su elevado tono y ha intentado reconducir la respuesta política hacia el respeto absoluto a las decisiones judiciales. Pese a estas consideraciones, fuentes del PP confirman que ese comunicado fue revisado por el Gobierno antes de ser enviado a los medios de comunicación. Podría tratarse de un simple reparto de papeles políticos: el partido más duro, el Gobierno más institucional. Pero distintas fuentes confirman que la razón de esta desavenencia está menos meditada y sólo responde a la situación de «descontrol» que vive el partido y el Ejecutivo, producto de una constante falta de previsión más allá de la mera supervivencia.

Fuente:  http://ow.ly/hThJ30b6IgX

El radar que más multa: Castellana 300

Lunes 24 de Abril del 2017

El cinemómetro junto al Hospital de la Paz fotografió a 142.700 coches en 2016 por superar el límite de velocidad

El radar de poste situado en el Paseo de la Castellana 300, a la altura del Hospital de la Paz, fue el que más fotografías lanzó a los conductores madrileños por exceso de velocidad en 2016. En total multó a 142.700 vehículos por superar el límite de 50 km/h, aunque en realidad salta a los 58 kilómetros debido a que se deja una tolerancia de ocho kilómetros a los conductores. Este dispositivo afecta sobre todo a los coches que salen de Madrid en dirección a la carretera de Colmenar Viejo y es uno de los últimos que se instaló en la ciudad por parte de la Policía Municipal.

Este radar detectó cada día a 390 vehículos que superaban el límite de velocidad, lo que le sitúa además como el aparato de España que más sanciones impuso el año pasado, según las estadísticas de Automovilistas Europeos Asociados. Supera en 30.000 multas al radar de la A-4 situado en Córdoba que es otro azote para los conductores que circulan hacia Andalucía.

En el segundo puesto de este ranking madrileño se coloca el radar de pórtico situado en la entrada a los túneles de la M-30 en dirección sur, frente a la Casa de Campo en Marqués de Monistrol. Pilló a 100.059 vehículos el año pasado, a una media 274 multas cada día. Está calibrado a 70 km/h.

El pódium de los cinemómetros lo completa el radar de Santa María de la Cabeza, también de poste, calibrado a 50 km/h y situado a la altura del número 115 de la calle. Está en dirección de entrada a la capital y a unos 300 metros de la salida del túnel de la Plaza Elíptica. Aquí se detectó a 81.396 conductores por apretar demasiado el acelerador durante 2016.

En cuarto lugar se encuentra el radar que se encuentra en el kilómetro 19 de la M-30, en el anillo interior, a la salida de los túneles y frente a San Pol de Mar. Retrató a 69.214 conductores en 12 meses y está limitado en 70 kilómetros hora. Durante unos meses este radar fue el que más multó debido a que se bajó la velocidad en ese tramo de la M-30. Su actividad sigue siendo muy alta pero muchos conductores se enteraron de su colocación y bajó su rendimiento.

Y en quinto puesto está el cinemómetro situado en la A-5, dirección salida, que se encuentra a unos 500 metros del final del túnel de la avenida de Portugal. Este dispositivo capturó en 2016 un total de 49.112 fotografías a coches que iban a más de 70 km/h.

Por contra, los tres radares que menos trabajo tuvieron fueron los situados en el kilómetro 13 de la M-30, en la entrada al túnel situado frente a Legazpi, el del kilómetro 15 del túnel de la M-30 (a la altura de la salida de Santa María de la Cabeza) y el del kilómetro 13 del anillo exterior de la M-30 (sentido nudo sur y antes de salir del túnel).

En total, los 26 radares fijos que hay en la ciudad de Madrid detectaron el año pasado a una media diaria de 2.250 coches, lo que acarreó un total de 820.987 capturas. De ese total de fotografías se calcula que se anulan un 23%, lo que supuso que se multase formalmente a 640.907 conductores el año pasado.

De los 26 radares, solo tres están fuera de la M-30: el de Santa María de la Cabeza, el de Castellana y el que está situado debajo el túnel de Costa Rica, en el paso inferior de la plaza de José María Soler, sentido Príncipe de Vergara. De los 23 cinemómetros situados en la M-30, la mayoría están dentro de los túneles (18).

El único radar multicarril (que multa a todos los conductores que pasan por ese punto), situado en el kilómetro 16 del túnel de la M-30, cazó a 25.000 conductores y se coloca también como uno de los de menos actividad. La cifra de flashes en los radares fijos de la M-30 es muy superior a la de multas impuesta por los de la DGT en Madrid, que el año pasado sancionaron a 179.491 personas.

Por meses hay que destacar que el de julio y diciembre fueron donde más detecciones se produjeron coincidiendo con los episodios de mayor contaminación, que provocaron que algunos radares de la M-30 bajasen el límite de velocidad a 70 km/h. Muchos conductores incumplieron la medida y fueron retratados por los dispositivos.

Los radares móviles de la capital capturaron a muchos menos conductores. En concreto multaron a un total de 47.960 vehículos en todo 2016.

El Ayuntamiento de Madrid insiste en que los radares no tienen un afán recaudatorio sino simplemente de evitar accidentes.

Además, el Ayuntamiento tiene instalado un radar de tramo en la avenida de Córdoba en el distrito de Usera. En su tres primeros meses de funcionamiento oficial, cazó a 25 coches cada día por superar los 50 km/h en un tramo de poco más de mil metros, según los datos del Área de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. La cifra es muy baja si la comparamos con otros radares de la capital.

Fuente: http://ow.ly/iglg30b6I6j