BELLEZA TV

Crean una campaña contra los anuncios colocados en los parabrisas de los coches

Como en muchos barrios de Madrid, en Quintana es habitual desde hace años encontrar en los limpiaparabrisas de los coches tarjetas con imágenes de mujeres casi desnudas que anuncian masajes eróticos y servicios sexuales. Lo que no es común en el resto de barrios es encontrar dentro del coche un cartel disuasorio con la leyenda: «No acepto publicidad de prostitución. Por las mujeres. Por nuestros niños/as. Porque quiero un barrio limpio. Porque no quiero mafias». Es la respuesta de estos vecinos a un problema sin resolver.

«Barajamos distintas formas de protesta y ésta nos pareció que recogía lo que queremos decir», explica Ana Martínez, miembro de la Asociación de Vecinos de Quintana. Según explican ella y sus compañeras Victoria Sánchez y Cristina Díaz, pretenden «que la gente ponga el cartel dentro de su coche y así los que colocan la publicidad se den por aludidos de alguna manera, porque cuantas más quitamos, más ponen».

Los vecinos de esta zona del distrito de Ciudad Lineal llevan años retirando a diario estas publicidades obscenas de sus parabrisas. Hasta 15 han llegado a recoger en un día del mismo vehículo, dicen. Las colaboradoras de la Asociación de madres y padres (Ampa) del Centro Cultural Elfo, Yolanda García y Rocío Barrios, explican que los niños ya juegan con esas tarjetas «como si fueran cromos». «No queremos que nuestros hijos crezcan aprendiendo esas cosas, es importante que no las banalicen», sentencian.

Para hacer frente al problema y ante la ineficacia de las medidas sancionadoras impuestas por el Ayuntamiento, las asociaciones vecinales de Quintana, La Elipa y San Pascual se unieron a las AMPA del distrito con esta campaña contra la publicidad porno. Una iniciativa con la que también pretenden «implicar a cada vecino del distrito», explican. «No hacer nada contra la situación en el fondo es consentirla y, en cierta medida, apoyarla. Todos nos debemos concienciar de que no debe ser así», añaden. De momento, aseguran que el cartel está llamando la atención de vecinos y profesores, que se suman a la iniciativa.

Un voluntario que retiraba tarjetas de los coches dice que recibió amenazas

Además de la distribución del cartel antiporno, voluntarios de estas asociaciones están haciendo batidas por el barrio para retirar los flyers de los coches, hasta tres veces al día. En esos paseos de limpieza algunos de ellos han sido amenazados por las personas que colocan las tarjetas. «El otro día una mujer me dijo: 'No quites esto que las chicas se pueden enfadar'», recuerda Martínez. «No lo quité de ese coche, pero seguí y lo seguí retirando de los siguientes. Al poco se paró un coche y la misma chica me volvió a decir lo mismo, pero el que iba conduciendo me insultó, me amenazó...», recuerda esta vecina, que está convencida de que «esto tiene que ser una mafia».

Fuentes de la Policía Municipal explican que estos anuncios «incumplen la Ordenanza de Publicidad», ya que quienes los colocan «no piden autorización». Los vehículos policiales que patrullan «proceden a la retirada de los flyers y, si ven a alguien colocándolos, le multan», prestando «especial atención a las zonas escolares». Según informan, los equipos policiales de cada distrito trabajan sobre los «posibles puntos calientes», aunque «no hay ninguna iniciativa especial» al respecto.

Los vecinos y las Ampa consideran sin embargo que los agentes «tiran balones fuera» en este tema, explica Martínez. «Argumentan que no pueden entrar a un piso sin denuncia del propietario. Lo único que dicen es que cuando veas que están poniendo los anuncios, les llames y que ellos vienen. Pero claro, cuando llegan el de la publicidad ya se ha marchado. Les tienen que pillar en el momento en el que ponen el cartelito».

Fuente: http://ow.ly/94qA30bRqUi

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte porque el Gobierno de la Comunidad de Madrid lo aprobó sin contar con el preceptivo informe de impacto de género (que trata de evitar los posibles efectos discriminatorios y fomentar la igualdad entre mujeres y hombres). Un portavoz del Ayuntamiento del municipio ha asegurado que recurrirá la decisión de tribunal, firmada el pasado 19 de abril por la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Un ciclista pasando al lado del vallado de la finca Romanillos. Santi Burgos

El accidentado camino del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla del Monte, que ya fue anulado por defectos de forma en su versión de 2001, se ha encontrado con un nuevo obstáculo. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han anulado el Acuerdo del Gobierno de la Comunidad que lo aprobó definitivamente en octubre de 2015 y, por lo tanto, han invalidado el propio plan. Además, el fallo condena al pago de las costas al Gobierno regional y al Consistorio de Boadilla, las dos administraciones demandadas por un particular.

La defensa de este ha sostenido durante el proceso que el PGOU no es válido porque se basa en el plan previamente anulado de 2001, porque supone una expropiación de facto de algunos terrenos en una urbanización de lujo llamada Las Lomas y porque no se redactó un informe de impacto de género durante su tramitación.

Este último es el argumento que han aceptado los jueces, pese a que el Ejecutivo madrileño y el Ayuntamiento han insistido en su defensa en que no era necesario en este caso. Sería obligatorio, dicen, si se estuviera hablando de la tramitación de un reglamento, pero un PGOU es otro tipo de normativa: una disposición general.

Sin embargo, los magistrados les llevan la contraria citando la Ley 30/2003, sobre “medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno”, así como varias sentencias del Tribunal Supremo que amplían, en su opinión, la necesidad de ese informe a otras disposiciones legales. Además, el fallo hace referencia a una ley madrileña aprobada en marzo de 2016, cinco meses después de que se aprobara el PGOU de este municipio de 50.000 habitantes a 20 kilómetros al oeste de la capital.

Un portavoz del Ayuntamiento de Boadilla destaca ese desfase temporal y añade que el Consistorio tiene la firme intención de presentar un recurso de casación contra la sentencia. Recuerda, además, que mientras ese recurso no se resuelva, el PGOU del municipio seguirá estando en vigor. Por su parte, la Comunidad de Madrid no tomará una decisión al respecto hasta estudiar el fallo, que ayer todavía no había recibido, según una portavoz de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Fuente: http://ow.ly/mmtf30bLfUb

Primero se contacta con unos abogados en un país de legislación societaria favorable, pongamos Uruguay. Se les pide que creen una empresa —por ejemplo, con el hijo del dueño como principal socio— que, después de varios cambios de accionariado, acaba con otro nombre y siendo comprada por una filial del Canal de Isabel II. Poco después, se usa para adquirir, haciendo pagos a través de Suiza, una empresa brasileña por mucho más de lo que en realidad vale, enriqueciendo presuntamente por el camino a “determinadas personas” con dinero público.

Fachada de la sede del Canal en Madrid. Santi Burgos

Las explicaciones que el bufete de abogados uruguayo Algorta & Asociados ha ofrecido a los grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid —para demostrar que él no hizo nada ilegal— permiten reconstruir el enmarañado proceso por el que se creó la sociedad instrumental Soluciones Andinas de Aguas. Es decir, la firma utilizada por las principales filiales del Canal en Latinoamérica (Extensia e Inassa) para adquirir en 2013 Emissão Engenharia e Construçaõ. Una compra plagada de presuntas irregularidades, que está en el centro de la Operación Lezo contra la corrupción que ha llevado a la cárcel al expresidente madrileño Ignacio González.

El auto del juez Eloy Velasco del pasado 21 de abril sostiene que “las justificaciones esgrimidas para intermediar la sociedad uruguaya Soluciones Andinas del Agua en la operación carecen de fundamento”. Además, añade que “en el diseño, preparación y desarrollo de la compleja operación societaria participaron activamente tanto Ignasi Maestre como el propio Edmundo Rodríguez Sobrino”. Este último, detenido junto a González, fue hombre de confianza del expresidente en los negocios del Canal en América y gerente de Inassa. Por su parte, Maestre es un empresario andorrano muy cercano a Rodríguez, propietario de Igmasa y relacionado con varios casos de fraude fiscal de futbolistas.

El auto del juez señala como “fecha decisiva” abril de 2012, cuando Maestre compró la empresa que luego se convertiría en Soluciones Andinas. Sin embargo, la documentación del bufete uruguayo demuestra que estaba detrás de la creación de esa firma desde mucho antes.

Responsabilidad limitada. Maestre se pone en contacto con Algorta & Asociados el 15 de agosto de 2008 por correo electrónico para decirles que está “estudiando la utilización de una sociedad anónima o limitada uruguaya para operar con Brazil [sic]”. La idea, asegura, es poder cobrar rentas de alquiler a una compañía brasileña. Cuando el bufete se pone manos a la obra, el empresario andorrano decide que su nueva firma nazca bajo la forma de sociedad de responsabilidad limitada (SRL). Estas, según la legislación uruguaya, no exigen requisitos previos o permisos para un inversor extranjero, no restringen la repatriación de capitales y, a diferencia de las sociedades anónimas, no están sometidas al control de la Auditoría Interna de la Nación.​

La preparación se completa el 14 de septiembre, cuando Maestre le pide a los abogados que sean ellos los que “constituyan una SRL” y que “posteriormente se realice una compraventa de las participaciones a la sociedad/persona designada por Igmasa”. Todo, “para facilitar el proceso de constitución y ganar mucho tiempo”, asegura.

La empleada accionista. En dos meses, el 27 de octubre de 2008, se inscribe en el registro nacional de comercio de Montevideo la sociedad Turman Investments SRL. El 99% de las acciones se ponen a nombre José Miguel Algorta Garicoits, hijo del dueño del bufete, y el 1% al de María Esther Campo Solares, que en algunas informaciones de la prensa uruguaya aparece como secretaria del bufete y en otras, como socia. El objeto principal de la mercantil se circunscribe a “la realización de todo tipo de actividades de inversión y tenencia de activos”.

De mano en mano.[ En febrero de 2009, Igmasa pide al bufete un cambio de accionariado: “Les recordamos que los accionistas de Turman serán los siguientes: Sociedad Fundación Himalaya (99%) y Yavango (1%)”. Ambas son mercantiles interpuestas offshore, con sede Islas Vírgenes y Panamá, respectivamente. Más tarde, Fundación Himalaya cede el 1% a Daniel José Herrera (otro presunto testaferro).

En agosto de 2011, el bufete se desentiende de la operación: entrega la totalidad de documentos a Pablo Roca, representante de Igmasa en Uruguay. Pero el Diario Oficial del país suramericano permite seguir el rastro. Por ejemplo, registra otro movimiento en marzo de 2012: Fundación Himalaya vende sus acciones a Yavango, y Daniel José Herrera a Tana Investment Company.

Aparece el Canal. En este tránsito, llega marzo de 2013, momento en el que la primitiva Turman, con la que se inició todo cinco años antes, cambia de nombre y se convierte en Soluciones Andinas de Agua. Poco después, en junio, esta vende la mayor parte de sus participaciones a las filiales del Canal Inassa y Extensia. Y el 14 de noviembre de ese mismo año, esas dos empresas del Canal adquieren con ella, por 21,5 millones de euros, Emissão, una empresa que al mes siguiente valía 10,2 millones; al año, 5,1 millones y que ahora está en pérdidas. El juez Velasco trata de averiguar, entre otras cosas, si alguien se repartió el dinero que se quedó por el camino.

Fuente: http://ow.ly/Wq9M30bLfIa

Instantánea de la M30. ANTONIO HEREDIA

El Consejo de Administración de Madrid Calle 30 ha penalizado a EMESA, socio privado de la sociedad mixta, con 995.000 euros por falta de cumplimiento de distintos compromisos contractuales relacionados con la instalación de una red wifi, de otra red de comunicaciones y de servicios de mantenimiento.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid, el pasado mes de noviembre el mismo órgano abrió seis expedientes de penalidades, tras los cuales se inició el plazo para la presentación de informes y alegaciones que ha concluido esta semana en tres de los expedientes.

En la primera resolución se hace referencia a carencias de inspección, mantenimiento e inventariado de los apoyos del bypass. En el contrato modificado de 2007 se incluyó una partida para la inspección especial y mantenimiento de esas instalaciones por la que el Ayuntamiento ha abonado más de 3 millones de euros. No se ha detectado ningún riesgo de seguridad, pero sí un incumplimiento de contrato.

La segunda resolución se refiere a la falta de instalación de la red wifi en la totalidad del anillo que estaba incluida en el contrato inicial. "Este servicio de mejora sería beneficioso para trabajadores y usuarios, pero no se ha prestado", han explicado desde el Consistorio.

Por último, en la tercera resolución se apunta a la falta de instalación de una red de comunicación PDH que mejoraría el sistema de gestión de comunicaciones entre las instalaciones de la infraestructura y el centro de control.

La totalidad de las penalidades asciende a 995.000 euros correspondientes a los 375.000 euros, 320.000 euros y 300.000 euros de cada una, como adelantó este jueves 'eldiario.es'.

El Pleno del Ayuntamiento aprobó la creación de una comisión de investigación acerca del modelo de gestión de Madrid Calle 30. La primera sesión de trabajo a la que serán llamados a comparecer cargos políticos, técnicos y representantes de la sociedad civil tendrá lugar el próximo mes de junio.

Madrid Calle 30 está participada por el Ayuntamiento, que tiene el 80 por ciento del capital, y por EMESA, que cuenta con el 20 por ciento restante. La compañía privada está formada por Ferrovial Servicios SA, Dragados SA y API Conservación S.A.

Fuente: http://ow.ly/XjHb30bF7Zp

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid ha abierto diligencias previas contra 16 personas entre las que se encuentra la actual delegada del Gobierno de Madrid Concepción Dancausa y otros 14 cargos públicos por un supuesto delito societario relacionado con una ruinosa operación en Mercamadrid. El juzgado les ha informado de que está realizando una investigación por admnistración desleal o fraudulenta motivada por una denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, como adelantó EL PAÍS, y que todos figuran en calidad de investigados, término con el que ahora se denomina jurídicamente a los imputados. El juzgado también ha ofrecido a los posibles perjudicados de Mercamadrid que emprendan acciones.

En la lista de investigados se encuentra José Enrique Núñez Guijarro, exprimer teniente de alcalde del Gobierno de Ana Botella y actualmente diputado del PP en la Asamblea de Madrid;  Manuel Troitiño Pelaz, exmiembro del Ayuntamiento de Madrid y ex diputado autonómico, y ahora concejal en Majadahonda; José Manuel Torrecilla Jiménez, exdirector general de Mercamadrid ; Dolores Flores Cerdán, exdirectora general de Economía y Desarroyo Económico del Ayuntamiento, y Silvia Llerena Muñoz, jefa de Planificación Estratégica y Operaciones de Mercasa.

También se nombra como investigados a María Jesús Prieto, que fue secretaria general de Mercasa y vicepresidenta primera de Mercamadrid; a Pablo Manuel González González, hermano del expresidente de Madrid Ignacio González, que era responsable de Mercasa; Manuel Beltrán Pedreira, vocal y subdirector técnico de Canal de Isabel II y Pablo J. M. del Amo Serrano, que fue consejero delegado de Madridec.

En el extenso listado también figura Marta Fernández-Pirla Martínez, hoy en el Tribunal de Cuentas pero que fue miembro de los consejos de administración de Mercamadrid, Ifema, Madrid Destino, Madrid Calle 30, el Club de Campo o la empresa de servicios funerarios de Madrid y el empresario José Domingo Rodríguez Losada, un pujante constructor de la época del auge inmobiliario de Marbella.

La Fiscalía Provincial de Madrid presentó a finales de abril una denuncia contra Dancausa, por "un delito societario del artículo 295 del Código Penal" contra las arcas de Mercamadrid durante la época en la que fue concejal en el equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella. La iniciativa de la fiscalía se produce un año después de que el actual Ayuntamiento presidido por Manuela Carmena le remitiera un informe en el que denunciaba malversación de caudales públicos en la adjudicación de unos terrenos en Mercamadrid. Una extraña operación en la que los gestores del mercado central de mayoristas, dependiente del Ayuntamiento de la capital, ceden unos terrenos municipales y, en lugar de cobrar por ello, acaba pagando 41.500 euros al mes al beneficiario, y así hasta 2032.

Fuente: http://ow.ly/YbBj30bAXX6